El Diario Oficial de Castila-La Mancha ha publicado la nueva Ley de
Museos de la región que, según el director general de Cultura de la
Junta, Javier Morales, viene a “poner orden” en el complejo panorama
museístico regional.
El documento establece también que permite a
la administración ceder a empresas privadas la “explotación de museos,
colecciones museográficas y centros de interpretación”
El artículo 52 de la nueva Ley de Museos establece que
se permite a la gestión del “servicio museístico” utilizar las
distintas fórmulas de la normativa de contratación del sector público
y, por lo tanto, la cesión a empresa privadas, aunque siempre bajo la
“supervisión y control técnicos” de la dirección general competente.
Además la Ley compromete a la Junta a buscar mecanismos para obtener
ingresos por “venta de entradas, comercialización de espacios y
servicios” (artº 50), confirmando así tanto el cobro del acceso que se
ha iniciado este año, como la posibilidad de ceder los museos y sus
servicios para actividades lucrativas.
En
consonancia con este enfoque la Junta queda también obligada a promover
e impulsar “iniciativas empresariales que permitan ofrecer al público
servicios culturales de calidad en el marco de las instituciones
museísticas” (artº 51). Una redacción suficientemente amplia y ambigüa
como para que surjan las sorpresas en las actividades que se puedan
desarrollar en los museos públicos regionales.
El
propio consejero Marcial Marín, en la defensa de la nueva Ley en las
Cortes el pasado 8 de mayo, declaraba que había que “buscar nuevas
fórmulas para prestar esos servicios que la sociedad demanda, sin que
ello se convierta en una carga imposible de mantener a medio y largo
plazo comprometiendo la propia integridad del patrimonio cultural que
custodian”.
Marín
se mostró partidario de conjugar aquellos modelos en los que la
financiación pública es el único soporte y aquellos otros, más propios
del mundo anglosajón, en los que la iniciativa privada es la única
valedora, “sin perder de vista que los museos son un servicio público, y
como tal hay que garantizar su sostenimiento”.
Fin de la gratuidad de los museos
Este mismo año una Orden de precios públicos en museos, archivos y
bibliotecas de la Junta de Comunidades estableció el fin de la gratuidad
en los museos de titularidad de la Junta, pasando a costar 3 euros la
entrada en todos los casos salvo en los Museos de Santa Cruz y de los
Concilios, ambos situados en Toledo, que cuestan 6 euros.
Han sido numerosas las críticas a esta medida, tanto desde el
Ayuntamiento de Toledo como de organizaciones ciudadanas que han
llegado a promover una recogida de firmas para mostrar su rechazo.
Los concejales de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo,
Aurelio San Emeterio y Carmen Jiménez, han mostrado también la
oposición de su formación a los nuevos precios de entrada a los museos
toledanos gestionados por la Junta, que consideran discriminatorios.
Jiménez ha criticado los criterios establecidos para bonificaciones o
reducciones en el precio de las entradas; “las familias numerosas pagan
casi cinco euros por entrar a cada uno de estos museos; a una familia
le sale mucho más barato comer en un burguer que visitar el Museo de
Santa Cruz o el de los Concilios”.
Por su parte,
Aurelio San Emeterio, ha denunciado “la obsesión de la presidenta De
Cospedal por convertir cualquier cosa en producto de mercado sin
importar si con ello deja a una parte de los ciudadanos sin acceso a
los servicios. Primero ha sido la sanidad y la educación y ahora la
cultura y los museos. Detrás de una subida como esta sólo puede haber
una estrategia planificada de buscar una rentabilidad económica que
permita externalizar o privatizar la gestión de los museos. Beneficios
frente a servicios, PP en estado puro”.
Fuente: www.eldiario.es
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